De la monumentalidad a la renovación urbana

Un panorama dado por la capitalización del patrimonio, en detrimento de la funcionalidad básica de los centros históricos: el hábitat

Por: Jaime Paz

Panorámica del Centro Histórico de Quito, al fondo el cerro El Panecillo. Foto: Jaime Paz

Centro Histórico de Quito, al fondo el cerro El Panecillo. Foto: Jaime Paz

Hablar de centros históricos en Latinoamérica, es configurar una discusión continua entre “lo que fue” y “lo que debe ser”, todo ello bajo la premisa de potencializar su funcionalidad, en el marco de una nueva era en la que prima el mercado y la globalidad.

Entre la discusión que el artículo plantea “lo que fue”, es entendido como esos primeros trabajos de intervención sobre centros históricos, en los cuales a partir de la mirada monumentalista, se plantea una intervención directa, en aquellos iconos arquitectónicos que legitiman el poder y los imaginarios triunfalistas surgidos desde la época colonial, hasta las guerras de independencia.

Esta intervención monumentalista se legitimó en la década de los años 30s, periodo en el que se busca conservar aquellas fuentes de representación de la autoridad (sea de orden religioso o laico) y se indagó técnicas arquitectónicas para combatir aquellas amenazas que atentaban contra esta simbología del orden y la libertad. La premisa,  nace con la formulación de la llamada carta de Atenas del año de 1.931:

“Lo que la carta de Atenas (1.931) llamó las amenazas de los “agentes externos” que, en realidad eran los factores considerados degradantes del patrimonio: el clima (humedad, calor), los eventos naturales (terremotos, erupciones) y los materiales (tecnología tipos), entre otros. La integralidad se constituyó a partir de la consideración del entorno ambiental y de los valores especiales, internos o externos al monumento” (Carrión, 2.010: 39)

Como es evidente, la intervención sobre los centros históricos no fue más allá de un enfoque contemplativo de la arquitectura y de algunos iconos representativos de la ciudad, “gracias a la acción de ciertas elites culturales ligadas a la arquitectura, la historia y la cultura. Su preocupación, se centra en la protección del patrimonio sobre la base de acciones puntuales y de ámbito urbano.” (Carrión, 2.010: 40)

Por ello, la intervención monumentalista siempre tiene una mirada nostálgica hacia el pasado, hacia la remembranza de grandes batallas y de héroes que configuraron la historia actual de las ciudades del continente. Con dicha percepción, va a ser entendible que la intervención sobre los centros históricos vayan  acompañados de temas centrales como: “restauración edilicia, inventarios arquitectónicos, demarcaciones urbanas, planificación urbana y lo histórico-cultural.” (Carrión, 2.010:40)

Sin embargo, a partir de la década de los 70s, el paradigma conservacionista entra a ser revaluado por efecto de la amplia migración de población rural hacia las ciudades Latinoamericanas, fenómeno generado por el modelo ISI[1]. Con la migración, se potencializó el crecimiento demográfico de las ciudades, el desarrollo urbano periférico y nuevos autores sociales (comerciantes informales, desempleados, inquilinos en calidad de hacinamiento), que entran a hacer un uso social de los centros históricos en las ciudades Latinoamericanas. (Carrión, 2.010)

Este boom demográfico, transformó la noción de trabajar las centralidades históricas bajo la premisa del cuidado de los monumentos aislados, y le da un enfoque de conjunto monumental (Carrión, 2.010) en el que entra a ser participe el componente social y una entrada conceptual generada “más por adición que por redefinición de objeto- de los temas urbanos, turísticos, vivendísticos y de comercio callejero” (Carrión, 2.010: 40).

La construcción de complejo monumental va ligada a una significativa inversión pública, que busca “el incremento de valor de cambio por encima del valor de historia, como perspectiva dominante en la región” (Carrión, 2.010:77), transformando los procesos de vaciamiento urbano y/o tugurización por intervenciones de gentrificación[2], maquillando los centros históricos bajo la configuración de la boutiquización[3], trabajando por embellecer la arquitectura y dándole una connotación netamente productiva, a un espacio que construye su identidad edilicia a partir del hábitat.

Atenuado el fenómeno de tugurización de los centros históricos, y dada la crisis financiera que sufrió Latinoamericana a partir de la década de los 80s, se marca una nueva ruta para revitalizar las áreas antiguas, gracias a la incursión en el continente, de las políticas económicas direccionadas desde el consenso de Washigton[4]. Con lo estipulado, se le da preponderancia a la productividad del espacio, en pro de la economía global.

Bajo este nuevo panorama, “lo que debe ser” para los centros históricos es ir en sintonía con la economía mundial, gracias a la capitalización del patrimonio como atractivo, y de la generación de nuevos espacios públicos, que borren de la ciudad, la tugurización o el empleo informal.

Con ello, no se crea una evolución conceptual de los centros históricos, sino que se desplaza al hábitat a un segundo plano, siendo un golpe certero a  los residentes de los centros históricos (en su gran mayoría inquilinos), que hasta la actualidad no han encontrado una solución contundente a los continuos procesos de expulsión, en función de los sectores económicos terciarios que quieren apoderarse del centro.

La expulsión social, ha sido también motivada por la intervención generalizada desde la década de los 80s, de la llamada Renovación urbana, cuyo fundamento teórico “sería la búsqueda del equilibrio entre la oferta y la demanda de nuevas o reformadas construcciones en áreas urbanas obsoletas. La demanda por construcciones deriva de las necesidades de los productores y de los consumidores por área urbana construida y de la capacidad de pago por esa área.” (Méndez, 2.007: 85)

Con el enfoque productivo del centro histórico, también se entra a cuestionar lo emanado en la Carta de Quito de 1.977, acuerdo en el que se conceptualiza como centro histórico “todos aquellos asentamientos vivos, fuertemente condicionados por una estructura proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo” (Carrión, 2.010: 74). En ella, se plantea como protagonistas a los habitantes que residen en las áreas antiguas, más no a los sectores económicos que vienen ejerciendo control en la dirección de los centros históricos.

Así, el tema de la vivienda o del llamado pequeño patrimonio[5], no es más que un tema que es abordado sin profundidad y sin claridad, porque la dinámica económica prima más que la residencial.

En este ansioso camino por la productividad del espacio, también generó que los gobiernos locales acogieran las políticas económicas direccionadas por macro institucionalidades como el BID, buscando “la recuperación del tejido social, la economía y la estructura física de áreas deterioradas o subutilizadas”, (Rojas, 2.004: 129) para delinear su funcionalidad de acuerdo al uso que demanda el turismo mundial.

Mutando a los centros históricos en espacios sin representatividad, ni uso social, sino que condiciona su funcionalidad de acuerdo a los flujos turísticos y al espectáculo, en que se ha convertido la herencia histórica de estos vitales sectores urbanos (Carrión, 2.010):

“Las políticas de turismo frente a los centros históricos se expresa a través de la construcción de museos, centros culturales y calles peatonales; el desarrollo de una imagen basada en la escenografía o “fachadismo” y de una propuesta elitista con un costo social que requiere la erradicación del comercio ambulante y del tugurio (profilaxis social). ” (Carrión, 2.010: 46)

 


[1] “La defensa que hicieron los estructuralistas de la industrialización de la periferia representaba un viraje importante en el pensamiento desarrollista de la época, ya que, según la teoría ortodoxa acerca del comercio internacional, la especialización económica favorecía tanto a los países desarrollados -producción de bienes industriales-como a los países en vías de desarrollo -materias primas, tales como productos agrarios y minerales-, ya que cada grupo disfrutaba de ventajas comparativas en sus ámbitos de especialización respectivos. Más aun, esta teoría argumentaba que la diferencia de ingresos’ entre el centro y la periferia iría disminuyendo a medida que la movilidad perfecta del trabajo, el capital 0 los productos equiparara los precios, y distribuyera más igualitariamente los beneficios del progreso técnico entre los países implicados en el mercado (Bhagwati, 1965).” (Kay, 2.001: 347)

[2] “Entendida como la reconstrucción de vivienda de alto estándar y con infraestructura de punta, tiende a producir un importante recambio poblacional con disminución de densidad y alta movilidad social. Es un espacio importante para que el capital de promoción inmobiliaria pueda obtener beneficios y para que nuevos segmentos de la población construyan un nuevo imaginario de calidad”. (Carrión, 2.010: 77)

[3] “Concebida como la adecuación de la base material edificada de los centros históricos y de la nueva infraestructura, para que sean capaces de generar un recambio funcional que se exprese en nuevos usos del suelo, que tiendan a reducir la población residente y popular para dar paso a nuevas actividades urbanas de alto prestigio, consumo suntuario y más rentables que la vivienda”. (Carrión, 2.010:77)

[4] “El agotamiento del modelo vigente durante el periodo 1933-1980, conocido como «industrialización mediante la sustitución de importaciones» (ISI), promulgó las bases para emprender las reformas estructurales necesarias que permitiesen cambiar el rumbo económico de América Latina. Al tiempo que se delineaba este giro económico, algo histórico sucedió en la región entre 1982 y 1990, una quincena de países logró realizar la transición política desde la dictadura a la democracia, adoptando todos el sistema de «economía de mercado» (1) como modelo económico.

Latinoamérica, ante las nuevas realidades, tras la caída del muro de Berlín y próxima a iniciarse la década de los años noventa, observó la necesidad de fortalecer las recién instauradas economías de mercado, herederas de una situación de desestabilización, de excesiva protección y regulación. Esta búsqueda de un modelo más estable, abierto, liberalizado, particularmente orientado a los países de América Latina, nace en 1989 en el llamado «Consenso de Washington», donde se trató de formular un listado de medidas de política económica para orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (FMI, BM y BID)) a la hora de valorar los avances en materia económica de los primero sal pedir ayuda a los segundos. El Consenso, se elaboró para encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar en la región la crisis de la deuda externa, y establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica.”(Casilda, 2.004 : 19)

[5] “El tema de la vivienda es fundamental porque hace referencia al pequeño patrimonio, al que es mayoritario y a la sociedad patrimonial que le da sentido, aunque no sea el que determina su cualidad esencial. Dos puntos de partida fundamentales sobre los centros históricos tienen que ver con la mayor cantidad de edificaciones que fueron originalmente diseñadas, así como también fueron destinadas para el uso residencial de la población, y con que se debe hacer política de vivienda bajo un régimen normativo altamente restrictivo y sobre todo un stock de edificaciones previamente existente, considerada en sus partes y en el todo como bienes patrimoniales.” (Carrión, …:75)

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